Alarma social por riesgos digitales en niñas, niños y adolescentes en Argentina
Una encuesta nacional muestra amplias demandas de regulación de plataformas y gran desconfianza en su autorregulación entre los adultos encuestados.
La encuesta nacional impulsada por Protección Digital Argentina junto a Proyección Consultores e IADEPP, realizada entre el 11 y el 23 de diciembre de 2025, muestra un alto nivel de alarma social: el 81,6% de los adultos encuestados percibe como alto el riesgo del contacto con desconocidos en internet. Este dato sintetiza una preocupación que combina miedo a la exposición a contenidos y desconfianza hacia las plataformas.
¿Qué muestra la encuesta?
El estudio detalla que 81,6% de los adultos encuestados considera alto el riesgo por contacto con desconocidos; 76,9% señala la exposición a contenidos violentos o sexuales como un riesgo alto; y 73,3% menciona la pérdida de privacidad o uso indebido de datos personales (Encuesta nacional de Protección Digital Argentina; Proyección Consultores; IADEPP; 11-23 diciembre 2025). Estos porcentajes reflejan percepciones de la población adulta sobre la infancia y adolescencia, y no mediciones directas de daños.
La propia encuesta aclara además que la percepción de riesgo aumenta con el nivel educativo, socioeconómico y la alfabetización digital, lo cual sugiere que un mayor conocimiento técnico genera más escepticismo frente a la autorregulación de plataformas.
¿A quién le echan la pelota? ¿La familia, el Estado o las empresas?
La encuesta muestra que 79,5% de los encuestados considera que la responsabilidad principal sigue recayendo en las familias (Encuesta nacional de Protección Digital Argentina; Proyección Consultores; IADEPP; 11-23 diciembre 2025). Sin embargo, la expectativa sobre el rol del Estado y de las empresas tecnológicas está creciendo: 9,5% reclama mayor rol estatal y 8,2% pide más acción de las empresas.
Ese reparto de responsabilidades revela una tensión: la ciudadanía no quiere delegar todo en la familia, pero tampoco confía plenamente en las empresas. Solo 30,7% dice confiar en que las firmas protegen adecuadamente a los menores, mientras 45% expresa desacuerdo con esa afirmación. Es una señal clara de que la sociedad pide marcos más firmes y verificables.
¿Qué regulaciones piden y cuánto consenso hay?
Hay un apoyo amplio a intervenciones específicas: cerca del 80% respalda medidas como la prohibición de algoritmos que generen adicción y la restricción en la recopilación de datos de menores; 79% apoya auditorías públicas y mayores niveles de transparencia; y 86% considera que las plataformas deben ser sancionadas legalmente si incumplen normas de protección infantil (Encuesta nacional de Protección Digital Argentina; Proyección Consultores; IADEPP; 11-23 diciembre 2025).
Este consenso no se siente como rechazo a la tecnología según el estudio, sino como demanda de reglas. En comparación con nuestras reflexiones de marzo, donde defendimos recuperar prácticas analógicas como reequilibrio, la encuesta confirma que la sociedad busca límites técnicos y educativos para convivir mejor con las pantallas.
Qué medidas funcionan y qué debería hacer Argentina
Observamos que lo que no falla es combinar herramientas: educación digital en la escuela, políticas públicas claras y obligaciones técnicas para las plataformas. Medidas prácticas incluyen limitar la recopilación de datos de menores, exigir auditorías independientes de algoritmos y controles de diseño que reduzcan prácticas adictivas. La fiscalización y sanciones, avaladas por 86% de los encuestados, deben ser parte del engranaje para que la regulación no quede en papel.
Además, es clave fortalecer el apoyo a las familias y la formación docente: no alcanza con prohibir, hay que enseñar. Un enfoque que combine prevención, educación digital y controles técnicos es un golazo para reducir daños reales sin renunciar a las oportunidades que ofrece la tecnología. Por último, cualquier iniciativa debe considerar la realidad argentina —accesibilidad, desigualdades y plazos de implementación— y prever mecanismos de evaluación pública y participación local.