Casi tres de cada diez niños y adolescentes en Argentina no come regularmente: el 28,8% experimentó dificultades para alimentarse de forma adecuada durante 2025, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El mismo informe registra que un 13,2% atravesó situaciones de inseguridad alimentaria severa y que la pobreza infantil alcanzó el 53,6% en 2025, mientras que la indigencia quedó en 10,7% (de acuerdo a la UCA). Este primer dato resume la gravedad: no es un problema marginal, sino una privación que afecta desarrollo y oportunidades.

¿Qué dicen exactamente los números?

El relevamiento de la UCA muestra varias cifras que ayudan a dimensionar la situación: 28,8% de menores con dificultades alimentarias y 13,2% en situación severa durante 2025 (según la UCA). Además, la pobreza infantil fue del 53,6% en 2025 y la indigencia del 10,7% (según la UCA). En términos históricos hay una comparación que obliga a leer con cautela: la pobreza infantil llegó a 62,9% en 2023 y se mantuvo cercana al 59,7% en 2024, por lo que la caída a 53,6% en 2025 representa una mejora relativa pero no la reversión estructural del problema (de acuerdo a la UCA). Estos números provienen de una encuesta urbana con fuerte representación del conurbano bonaerense, donde los indicadores son peores.

¿Por qué importa y dónde se concentra el problema?

La inseguridad alimentaria no es solo una estadística, sino un factor que condiciona crecimiento físico, aprendizaje y trayectorias educativas. La UCA indica que las privaciones se agrupan en hogares de menores ingresos y en áreas urbanas vulnerables, especialmente en el Gran Buenos Aires (según la UCA). Históricamente, entre 2010 y 2017 la inseguridad alimentaria se mantenía cerca del 20%, pero desde 2018 escaló hasta situarse cerca de un tercio de la población infantil, con picos durante la pandemia de 2020 y niveles elevados después (según la UCA). Además de alimentación, el estudio detecta déficits en controles de salud, acceso a servicios sanitarios y condiciones habitacionales precarias, que agravan la capacidad de las familias para recuperarse ante choques económicos.

Qué conviene hacer ahora: medidas prácticas y urgentes

Los datos piden respuestas concretas y focalizadas. Primero, ampliar y mejorar la asistencia alimentaria con criterio territorial: reforzar comedores escolares y programas de asistencia domiciliaria donde la UCA registra mayor concentración de carencias (Gran Buenos Aires y aglomerados urbanos). Segundo, integrar esas medidas con controles de salud y acompañamiento educativo: la UCA destaca que la pobreza multidimensional incluye salud y educación, no solo ingresos. Tercero, priorizar intervenciones de bajo costo y alta efectividad —transferencias focalizadas, refuerzo de redes comunitarias y logística alimentaria— para evitar que la mejora coyuntural se disuelva. Por último, monitorear con encuestas periódicas como la EDSA para ajustar políticas, porque la caída de 62,9% en 2023 a 53,6% en 2025 muestra que los cambios pueden ser rápidos pero frágiles (según la UCA).

Con datos tan claros, no alcanza con buenas intenciones. La política pública tiene que articular asistencia, salud y educación de forma territorial y medible. Favorecemos medidas concretas, focalizadas y de bajo costo que combinen alimentación, controles sanitarios y apoyo educativo para romper ese núcleo duro de pobreza infantil que la UCA vuelve a poner en evidencia.