Adultescencia: por qué casi 40% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres
Un estudio basado en datos del INDEC muestra que vivir con los padres no es solo una cuestión económica: entran cultura digital, cambios en la familia y falta de políticas públicas.
Casi 40% de los jóvenes de 25 a 35 años en Argentina vive con sus padres, según un estudio de Fundación Tejido Urbano a partir de datos del INDEC. Este dato es la clave: no estamos ante un fenómeno puramente económico sino ante la confluencia de precios, cultura digital, transformaciones familiares y ausencia de políticas públicas.
¿Por qué tantos jóvenes siguen con sus padres?
La cifra de casi 40% (según Fundación Tejido Urbano, a partir de datos del INDEC) obliga a preguntar por causas múltiples. Parte se explica por la economía: el estudio recuerda que en 2015 la proporción era aproximadamente 38% (Fundación Tejido Urbano/INDEC), lo que indica que el fenómeno no es totalmente nuevo ni solo resultado del último deterioro salarial. Al mismo tiempo hay razones culturales: la etapa de “emerging adulthood” descrita por Jeffrey Jensen Arnett alarga la exploración biográfica; los lazos familiares se han vuelto menos jerárquicos y más negociados, lo que facilita la convivencia prolongada. En suma, convivir con los padres ya no es necesariamente una falla de independencia sino una opción compatible con búsquedas laborales, formativas y personales.
La vivienda y los números que no cierran
La economía sigue siendo un factor central pero no exclusivo. El estudio reporta que este segmento gana entre 800.000 y 1.200.000 pesos por ocho horas de trabajo (INDEC) mientras que una habitación en una residencia con cocina y baño compartido en CABA puede costar entre 200.000 y 350.000 pesos, y un alquiler de cuatro ambientes entre 1.000.000 y 1.300.000 pesos (según Fundación Tejido Urbano). Además, distintos relevamientos sobre la Ciudad de Buenos Aires citados por el estudio indican que un joven con empleo formal puede destinar más del 50% de su ingreso al alquiler de un monoambiente, muy por encima del 30% considerado sostenible. A esto se suman depósitos, expensas y requisitos contractuales que encarecen y complican la mudanza: números que empujan hacia la convivencia familiar.
La trampa digital y la nueva economía de la atención
No hay que subestimar lo simbólico: las plataformas digitales ofrecen gratificaciones inmediatas y reducen la fricción social que supone buscar convivencia alternativa. Autores citados en el estudio, como Byung-Chul Han y Shoshana Zuboff, ayudan a entender cómo la sociedad del rendimiento y el capitalismo de vigilancia convierten el mundo online en un refugio de recompensas intermitentes. Eso interactúa con la precariedad material: el documento recuerda que, en comparación con 2015, los salarios reales y las condiciones laborales se deterioraron (el estudio cita mediciones que ubican los ingresos relativos de 2015 entre un 35% y un 50% superiores, según distintas mediciones recopiladas por la investigación). La combinación produce una doble economía: la de la subsistencia material y la de la atención digital, que muchas veces vuelve menos atractiva la fricción social y económica de emanciparse.
Qué puede hacer el Estado y qué podemos hacer como sociedad
El diagnóstico trae soluciones concretas: regular plataformas y desincentivar usos residenciales de alquileres en dólares para turismo, facilitar contratos compartidos que reconozcan el modelo “roomie” y ampliar herramientas de acceso progresivo a la vivienda, como las que el estudio compara con Uruguay. También es importante recuperar espacios presenciales que no sólo ofrezcan ocio sino formación, redes y posibilidades de trabajo que hagan viable la independencia. Por último, promover un reequilibrio entre lo digital y lo analógico —clases presenciales, centros culturales, protocolos de coworking asequibles— ayuda a que la mudanza sea atractiva tanto en lo material como en lo relacional. En síntesis, casi 2 millones de jóvenes afrontan una decisión que mezcla economía y sentido de vida (según Fundación Tejido Urbano): la solución requiere políticas públicas, incentivos al mercado y una apuesta social por la presencialidad y las trayectorias posibles.